El juez instructor del caso Urdangarín, José Castro, tiene en su poder desde el pasado viernes un informe de la Agencia Tributaria en la que ésta afirma que hay "fundadas sospechas" de que el yerno del Rey "ha cometido más delitos contra la Hacienda pública que, de no ser objeto de acusación antes de julio de 2013, prescribirían".
Según ese informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, Iñaki Urdangarín cometió presuntamente dos delitos fiscales como persona física en su declaración del IRPF de 2007 y 2008, con una cuota defraudada en cada uno de esos ejercicios superior a 120.000 euros. Además, el Instituto Nóos, del que era presidente, defraudó más de 230.000 euros por el impuesto de sociedades de 2007.
Urdangarín cobró 645.000 euros por sus supuestas labores de asesoría personal a seis entidades privadas en 2007 (Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde) y 497.000 euros al año siguiente. Sin embargo, el duque de Palma facturó esas cantidades a través de Aizoon -la empresa que comparte al 50% con la infanta Cristina de Borbón-, aplicándose un tipo impositivo inferior al que rige para las sociedades.
El yerno de don Juan Carlos, según Hacienda, utilizó Aizoon como "una sociedad pantalla para ocultar al verdadero perceptor de las retribuciones" -el propio duque de Palma como persona física- y, de esta forma, "disminuir su tributación en el IRPF, deduciéndose gastos no relacionados con la actividad". Entre ellos, los de su servicio doméstico.
"Proximidad de la prescripción"
La Agencia Tributaria, sin embargo, alerta de que Urdangarín y su antiguo socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, han podido cometer más delitos fiscales que los mencionados en ese informe. ¿En qué se basan esas sospechas? Según Hacienda, en "las actuaciones" de ambos socios en ejercicios fiscales anteriores -ya prescritos desde el punto de vista penal-, "las cuantías" de los ingresos obtenidos o "la constatación de la existencia de facturaciones por servicios no realizados ni recibidos que se deducían como gasto en sus declaraciones tributarias".
Por ello, Hacienda alerta al juez de que el tiempo para la "depuración de las presuntas responsabilidades criminales" se acaba. "Entendemos pertinente", añade el informe, "reiterar la proximidad de la prescripción de los presuntos delitos denunciados por el ejercicio de 2007: el 30 de junio de 2013 respecto del IRPF y el 25 de julio en relación con el impuesto sobre sociedades".
Basándose en este informe de la Agencia Tributaria incorporado ahora al sumario, el fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, y la acusación particular que ejerce la abogada del sindicato Manos Limpias, Virginia López-Negrete, se han apresurado a pedir la imputación de Urdangarín y Torres por delito fiscal. Horrach insta además al juez a citar de nuevo a declarar al duque de Palma y su exsocio.
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